LA POBREZA DEBE DEJAR DE SER “EL OSCURO OBJETO DEL DESEO” DE LOS POLÍTICOS: ROGELIO GÓMEZ

Por: Alejandra Díaz Sotelo

  • PRESENTA ACCION CIUDADANA 10 PROPUESTAS FRENTE A LA POBREZA Y EL CLIENTELISMO

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con el respaldo de 60 organizaciones de la sociedad civil, instó al gobierno federal para que en los 95 días que le restan, asuma su responsabilidad con 62 millones de mexicanos que viven sin ingreso suficiente que les asegure alimentación, salud, educación y vivienda adecuada, asimismo llamó a depurar los patrones para que se deje de lucrar con la pobreza.

“El gobierno en los días que restan podría depurar los patrones de beneficiarios y dejar de desviar los recursos que deben llegar a quienes más lo necesitan, señaló Rogelio Gómez Hermosillo, asesor de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Ya basta de acciones clientelares, aisladas, duplicadas y sin objetivos claros. “La pobreza debe dejar de ser el objeto del deseo de la política”, afirmó, Gómez Hermosillo durante el informe del Proyecto “Democracia Sin Pobreza”, donde se presentaron los resultados del ejercicio ciudadano de esta investigación, la cual manifiesta que la compra y coacción del voto es una práctica con presencia nacional que ejercen los Partidos Políticos mexicanos; es inútil porque no resuelve la pobreza, ilegal porque altera la voluntad soberana del pueblo, es inmoral con la dignidad de los más pobres, y, además, queda impune como consecuencia de la debilidad institucional en que opera.

El documento sostiene que el proceso de debilitamiento institucional se inicia desde el diseño discrecional del presupuesto de ingresos, pasa por la falta de transparencia y rendición de cuentas de los programas sociales y por la presencia de instituciones de fiscalización sin dientes como la Fepade, lo que propicia que los procesos electorales concluyan sin castigo para nadie.

Los resultados de “Democracia sin Pobreza”, indican que la oferta de compra y coacción del voto podría haber llegado al 33.5% del electorado nacional, en las pasadas elecciones, es decir aproximadamente a 29.9 millones de personas. Gracias al 17.3% de ellos, equivalente a 15.5 millones de ciudadanos que rechazaron la oferta de dinero a cambio de su voto, la compra de sufragios no alcanzó dimensiones que afectaran los resultados en las urnas.

“Democracia sin Pobreza”, promovió la participación ciudadana en el proceso electoral 2018, para denunciar las acciones de compra y coacción del voto en el país. Entre otros ejercicios también significó un trabajo territorial que consistió en la realización de un proceso de observación ciudadana con la colaboración de una decena de organizaciones sociales que capacitaron a más de mil ciudadanos, en su mayoría mujeres destinatarias de los programas sociales, quienes realizaron observaciones en comunidades para detectar la ilegalidad compra del voto.

Dentro del marco de este informe se hicieron 10 propuestas de principios de un plan frente a la pobreza y para erradicar la compra y coacción del voto, las cuales son: Erradicar la pobreza laboral con salario suficiente, fomentar la productividad del sector social, crear opciones de “2da oportunidad para jóvenes”, multiplicar la inversión en infraestructura y desarrollo productivo, mejorar la calidad educativa, accesos efectivo a servicios de salud, Ingreso garantizado a este servicio, servicios de cuidados para niños, niñas, personas discapacitadas y adultos mayores., sanción electoral a quienes realicen la compra y coacción del voto o condicionamiento de programas sociales; inhabilitación permanente a servidores públicos que condicionen programas sociales o desvíen recursos en campañas electorales y acciones de prevención en fases previas y durante procesos electorales, por parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

En la ceremonia del presente informe también participaron Alberto Serdán Rosales, coordinador del Proyecto Democracia sin Pobreza, Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Mariclaire Acosta Urquidi, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Joel Salas Suárez, Consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI) y Agustín Escobar Latapí, Consejero Académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

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